Una empresa de seguridad leonesa echa a una mujer que vivía ilegalmente en la calle Peñalabra
Entre 2.000 y 3.000 euros es lo que cuesta en León echar a un ‘okupa’. Así lo confirma la Empresa Rucar, Seguridad y Detectives, la cual ha llevado a cabo el desalojo de una vivienda en la calle Peñalabra. El grupo de seguridad ha echado a una mujer que llevaba viviendo de forma «ilegal» desde el pasado mes de abril.
Los propietarios de la vivienda habían rescindido el contrato con la pareja de la mujer desalojada hace ahora cinco meses, el cual, además, falleció el pasado mes de mayo. Sin embargo, la ‘okupa’ niega la versión de los dueños del inmueble y asevera que ha pagado las mensualidades del alquiler. Alejandro Marcos, letrado de Quintano Abogados, señala que es «falso» que la mujer pagara la renta y sostiene que se adeudan mensualidades y facturas de suministros «desde antes de que se decidiese la rescisión del contrato por ambas partes».
Esperaron a que la mujer abandonase el inmueble
En esta ocasión, la empresa de seguridad leonesa ha ejecutado el desalojo mediante lo que se conoce como un «control de acceso». Es decir, han esperado a que la presunta ‘okupa’ abandonase la vivienda para colocar a dos guardias de seguridad e impedirle la entrada de nuevo. Esta estrategia difiere a otra que suele ser habitual en este tipo de empresas, como es el caso de la «mediación», una forma de denominar la expulsión del individuo por la fuerza aprovechando que este sale del piso ocupado.
Marcos, en declaraciones a leonoticias, señala que en ningún caso la empresa accede a la vivienda cuando la persona desalojada todavía se encuentra en el interior, ya que se incurriría en un delito de «allanamiento de morada» invalidando la desocupación. En este sentido, el representante legal indica que el proceso llevado a cabo durante la mañana de este martes no requiere de «autorización judicial».
La empresa leonesa de seguridad confirma que el proceso suele durar «unas dos semanas» entre que se inicia el periodo de «investigación» hasta que se produce el «desalojo». En este sentido, Juan Carlos Sánchez, responsable de la sociedad leonesa, indica que ellos siempre están «del lado de la ley».
Cabe recordar que esta misma empresa ya ejecutó una desocupación en San Andrés del Rabanedo, donde vivían de forma ilegal desde hacía dos años una pareja.
Fuente: leonoticias.com
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